Un intento más por acotar la corrupción en Quintana Roo

Carlos Águila Arreola
Cancún, martes 25 de octubre del 2022.- Para visibilizar eventuales actos de corrupción en procesos de planeación, con énfasis en los programas de Desarrollo Urbano (PDU), durante el próximo año se promoverán reformas legislativas y acciones concretas para sancionarlos.

Un programa de anticorrupción aplicada, con participación ciudadana y empresarial a lo largo de 2023, comenzará a identificar las prácticas de corrupción para luego promover reformas y acciones concretas que ayuden a prevenir, detectar, atender y sancionar esos actos.

Ciudadan@s por la Transparencia lanzó el programa que vigilará, los planes de desarrollo en los once municipios y los instrumentos de planeación gubernamental, los mecanismos más importantes que impactan la vida política, social y económica de una comunidad.

“Esos instrumentos, que deberían tener al centro el desarrollo de las personas, en realidad son procesos con intereses privados que especulan con la inversión pública, donde se venden las decisiones y que se aprueban respondiendo a bonos ilegales.”

Cynthia Dehesa, directora general de la asociación civil, explicó que esos actos de corrupción están poco explorados y tipificados en el país; no está en las políticas anticorrupción y sus impactos negativos no tienen sanciones proporcionales.

“Ese tipo de corrupción es secreto a voces, los cambios de usos de suelo, la especulación de la tierra, la venta de información en planes de inversión estatales, son procesos de compraventa y no procesos de ordenamiento, resolución de problemáticas sociales y comunes.”

Alicia Mateos Guzmán, directora de Incidencia, señaló por su parte que la prevención, atención y sanción de corrupción relacionada con los procesos de planeación está poco explorada y mínimamente sancionada, pese a que su impacto es altamente negativo.

“El programa busca activar a la sociedad civil hasta realizar cambios normativos para controlar esa corrupción. La planeación con enfoque ciudadano debe ser un derecho, la respuesta a necesidades sociales, no a decisiones que se compran para quien pueda pagarlas.”