Desde el Palco Quintanarroense escribe Julio César Silva (Columna)

El 5 de diciembre de 1994, cuando nadie se imaginaba que habría un “error de diciembre” que postraría a la economía nacional, Ernesto Zedillo Ponce de León estrenó su presidencia con un paquete de reformas constitucionales en materia de justicia.

“La ciudadanía aspira a una mayor fortaleza y credibilidad de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia y de brindar seguridad pública”, dijo la noche de ese 5 de diciembre, cuando anunció en un mensaje al país que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería reinventada.

Sumida en la decadencia, dependiente totalmente del Ejecutivo, el Poder Judicial de la Federación no era un contrapeso real y servía más a otros intereses que a las necesidades de justicia del país.

Entonces Zedillo decidió implementar una reforma que mandó a sus casas a todos los ministros que estaban en funciones. Por decreto jubiló a los 26 integrantes del viejo Poder Judicial y propuso al Congreso de la Unión el nombramiento de 11 que dieron vida a la nueva Suprema Corte en febrero de 1995.

En sus primeros 20 años de existencia, el nuevo Poder Judicial avaló criterios y tesis jurídicas que han ampliado el respeto a los derechos humanos, como la garantía al debido proceso; el caso Acteal, la interrupción legal del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, la supremacía del interés superior del niño, el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho para adoptar, entre otros.

Con la salida de Olga Sánchez Cordero el 30 de noviembre pasado, culminó el ciclo de los ministros que fueron pioneros del reinventado Poder Judicial de la Federación.

De todos es sabido que el Poder Judicial de Quintana Roo atraviesa desde hace varios años por una crisis. La credibilidad y fortaleza que Zedillo buscó inyectar con sus reformas son dos elementos ausentes en la actual estructura del Tribunal Superior de Justicia, comandado por un personaje rampante, Fidel Villanueva Rivero, ícono del autoritarismo.

Quienes practican el despojo de ambicionadas tierras en Quintana Roo tienen actualmente en el Poder Judicial a su manto protector.

El Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo bien podría ser objeto de una profunda renovación, que implicaría mandar a sus casas a los actuales magistrados, pero sin pensión. No lo necesitan.

Zedillo rescató a dos ministros de la vieja Suprema Corte. Quizá algo similar se podría hacer en la entidad, que requiere de un sistema de justicia fortalecido.

Platea

Gaspar Armando García Torres, el abogado chetumaleño ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y procurador de Justicia durante los primeros cuatro años y medio de la administración de Roberto Borge Angulo es víctima colateral de la derrota priista en la reciente elección de gobernador en Quintana Roo.

García Torres, a quien se le reconoce una buena gestión como procurador, quería desempeñar en los siguientes años funciones públicas de menos riesgo y por eso, pactado con el gobernador Roberto Borge, renunció a la Procuraduría el 12 de septiembre del año pasado.

El pretendía ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Un requisito fundamental para aspirar a ser magistrado del Poder Judicial es no haber ocupado ningún cargo público en el año previo a su designación.

Por eso su renuncia el 12 de septiembre del año pasado. En el presupuesto político que se hizo entonces se visualizó que su nombramiento como magistrado recayera en la XV Legislatura, que asume funciones el 3 de septiembre próximo. Pero hace un año se visualizaba un escenario totalmente diferente al actual, se esperaba obtener la mayoría en el Congreso y, obviamente, la gubernatura.

Sin embargo, los resultados del 5 de junio pasado dejaron al PRI sin mayoría en el Congreso y sin la gubernatura, por lo que las designaciones como la de García Torres y diversas modificaciones legales tuvieron que ser adelantadas para que se efectuaran en un período extraordinario de la saliente XIV Legislatura.

Así, al adelantarse los tiempos, García Torres no pudo cumplir con el requisito de haberse separado de un cargo público un año antes para aspirar a ser magistrado.

 

Mezzanine

¿Ya se sabrá Fidel Villanueva la letra del Himno a Quintana Roo?

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