Susana Hurtado propone acciones para garantizar justicia a personas con discapacidad

Chetumal, Quintana Roo a 17 de febrero de 2014.- Con el objetivo de contribuir a un trato digno y apropiado en los procesos administrativos y judiciales de los que formen parte personas con discapacidad, la diputada Susana Hurtado Vallejo, presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables de la XIV Legislatura, presentó una iniciativa de reformas a las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo.

Hurtado Vallejo, explicó que si bien las leyes vigentes garantizan un trato digno a las personas con discapacidad, “en el estado de Quintana Roo, las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, pero estas leyes no son precisas en los procedimientos que deben aplicarse para tal fin” expresó.

Es por ello que mediante esta iniciativa la diputada Susana Hurtado, propone que se realicen modificaciones al artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo y al artículo 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo.

Estas modificaciones contemplan la capacitación y sensibilización del personal de las instituciones responsables de la procuración e impartición de justicia para ofrecer asesoría y representación jurídica en forma gratuita a las personas con discapacidad que estén involucradas en algún proceso judicial.

La iniciativa propone garantizar también la disponibilidad de elementos de asistencia que garanticen la comunicación y debido entendimiento con las personas con discapacidad cuando éstas así lo soliciten, como por ejemplo intérpretes de la lengua de señas mexicana.

Hurtado Vallejo, destacó que derivado de la firma de la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, México hizo el compromiso de asegurar que estas personas tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones, “la propuesta es que mediante ajustes de procedimiento se facilite en desarrollo de las funciones efectivas en todos los procedimientos judiciales en las que se involucren las personas con discapacidad en Quintana Roo», indicó.

Las modificaciones a las leyes antes mencionadas involucran a diversas instituciones como el Consejo de la Judicatura del Estado, el Centro de Justicia Alternativa, el Instituto de Defensoría Pública y el Centro de Convivencia Familiar Supervisada, además de los órganos auxiliares del Poder Judicial, para la debida atención y defensa de las personas con discapacidad.

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