José Luis Toledo fortalecerá la transparencia en QR

Chetumal, Quintana Roo a 23 de septiembre de 2014.- El diputado José Luis Toledo Medina, presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, presentó una iniciativa de reforma en materia de transparencia, que busca homologar las leyes locales al marco jurídico federal y fortalecer con ello el ejercicio del derecho de acceso a la información a través de un órgano autónomo, imparcial y colegiado.

La iniciativa del diputado José Luis Toledo, también propone incorporar como sujetos obligados a los partidos políticos, sindicatos para que transparenten el destino de sus recursos, “se amplía el catálogo de sujetos obligados directos, es decir cualquier autoridad entidad, órgano, y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, fideicomisos, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad tendrán que rendir cuentas a los ciudadanos”, explicó.

Con esta iniciativa de reforma, la Constitución local se alinea a los preceptos federales vigentes en materia de transparencia y derecho de acceso a la información, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Toledo Medina, explicó que se propone que los órganos garantes de estos derechos sean autónomos, especializados, imparciales y con una toma de decisiones colegiadas, que se denominará: Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo.

Se trata de una iniciativa de decreto para modificar los artículos 21, 75, 76 y 160 de la Constitución de Quintana Roo, y fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información.

La iniciativa, turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, contempla incorporar a los servidores públicos del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo, al régimen público de responsabilidades y, de igual forma, a los integrantes de la Junta de Gobierno como sujetos a Juicio Político.

“Esto lo hacemos bajo la premisa de que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión público, debe responder por aquellos actos u omisiones que afecten el buen despacho de su encomienda en perjuicio de la sociedad”, explicó.

De aprobarse la iniciativa, también se otorgarán facultades a la Legislatura y a la Diputación Permanente, para designar a los integrantes de dicho órgano público.

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