Cancún se suma para repudiar violencia sexual contra menores
La violencia sexual tiene impactos devastadores en la vida de las niñas. Cuando esa violencia provoca un embarazo, los efectos negativos se multiplican.
Los embarazos en niñas y/o adolescentes, antes de los 14 años, provocan daños en la salud física y emocional, destruye familias, reproduce la pobreza y perjudica de manera irreversible el destino y proyecto de vida de las niñas y a la larga el de una nación.
Según la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo, hay alrededor de 2 millones de partos de niñas y adolescentes menores de 15 años.
Por su parte, América Latina además de tener el mayor índice de embarazo infantil y adolescente del mundo, después de África y el sur de Asia, es la única región donde los partos de niñas de menos de 15 años aumentaron en las últimas décadas y lo que es más grave aún, seguirán aumentando hasta el 2030.
En México, todos los días, cada 45 minutos, una niña o adolescente menor de 14 años da a luz, lo que suma casi 1000 nacimientos cada mes. El número de nacimientos de menores de 14 años ha ido en aumento entre 1990 hasta la fecha.
En Quintana Roo, en el año 2016, se contabilizaron 170 nacimientos de menores de 14 años, lo que en promedio significa 14 nacimientos al mes. Al igual que el parámetro nacional, la tendencia en las últimas décadas ha ido en incremento.
Todos los embarazos de menores de 14 años deben ser considerados de alto riesgo ya que sus cuerpos no están preparados para ello, es por lo mismo que, tienen probabilidades significativamente más elevadas de sufrir padecimientos graves que ponen en riesgo la vida de las niñas y adolescentes, como eclampsia, anemia, hemorragia postparto, endometritis puerperal, además de dejar profundas secuelas como depresión posparto o diabetes gestacional; además tienen 4 veces más riesgo de defunción materna que las mujeres mayores de 20 años y la tasa de mortalidad de sus neonatos es 50% superior.
En nuestro país, para fines legales, TODO EMBARAZO de una niña o adolescente menor de 14 años, es producto de VIOLACIÓN, misma que, en muchas ocasiones, es parte de la vida cotidiana de estas niñas al producirse de manera repetida por parte de sus agresores e incluso es encubierta por familias, escuelas, iglesias y la comunidad en general ya sea por temor o porque la violencia ha sido normalizada.
Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, estima que de cada 10 niñas víctimas de violencia sexual, en 6 de ellas, el agresor es un hombre de la familia o cercano a ella, confirmando una terrible hipótesis: el hogar sigue siendo el espacio más peligroso para las niñas en México.
Así, contrario a lo que generalmente se ha pensado, en el caso de las adolescentes, en general, y de las menores de 14 años en particular, un embarazo, lejos de ser un acto producto de una desición personal, en la mayoría de los casos es consecuencia de actos de coerción y abusos que culminan en una carencia extrema de poder para la toma de desiciones, todas ellas circunstancias que están fuera del control de las niñas y adolescentes. Lo anterior, suele darse en mayor medida en contextos de pobreza, marginación, normalización de la violencia, así como de presiones de las familias y las comunidades.
La gravedad de la violencia sexual contra las niñas en la adolescencia temprana se ha hecho más notoria en los últimos años, gracias a campañas que le han dado amplia visibilidad a los casos de niñas embarazadas que, después de haber sido víctimas de violencia sexual, son obligadas a continuar con su embarazo por diversas razones, entre las que destacan las prohibiciones legales de la interrupción del embarazo, la desinformación o preeminencia de creencias personales por sobre los marcos legales, la perpetuación de los estereotipos de género y la ausencia de protocolos de actuación en los casos donde el aborto es legal.
Frente a la violencia sexual contra las niñas y adolescentes menores de 14 años en la región, se concretan tres graves violaciones a los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales en la materia:
La primera es la relativa al embarazo infantil forzado, el cual se produce cuando una niña menor de 14 años queda embarazada y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo. Actualmente, obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo, ser madre y criar a un bebé es considerado un acto de Tortura en los términos de la Convención de la Tortura y Otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La segunda, la relativa a las uniones tempranas y/o matrimonios infantiles, los cuales, en su mayoría son con hombres mayores. En México, según cifras de Actas del Registro Civil, en 2016, el 60% de niñas y adolescentes entre 10 y 14 años que tuvieron un hijo, reportaron que el padre tenía entre 18 y 78 años. Además, 1 de cada 10 mujeres unidas entre los 10 y 14 años, nunca dieron su consentimiento es decir, fueron obligadas a unirse por estar embarazadas, las robaron o fue un acuerdo a cambio de dinero.
La tercera es la impunidad, derivada de deficiencias en la legislación y en instancias de acceso a la justicia, deficiencias en los protocolos de atención y en la investigación, así como discriminación en razón de su género o de su edad, al ser consideradas como mero objeto de tutela, dando poca o nula credibilidad a su palabra. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha detectado que los delitos sexuales cometidos por agresores conocidos de las víctimas, son los quedan en mayor impunidad debido a la situación de mayor vulnerabilidad por la relación de parentesco.
En México no existen estimaciones específicas y actualizadas acerca de cuántas niñas y adolescentes son víctimas de algún tipo de violencia sexual, pero se calcula que más de 90% de los delitos sexuales que se comenten, NUNCA SON DENUNCIADOS. Hagamos cálculos: en Quintana Roo, entre 2010 y 2018 se resgitraron 1085 denuncias por violación a niñas y adolescentes entre 10 y 14 años. Si éstas representan sólo el 10% de las víctimas, calculamos un universo de casi 11 mil niñas y adolescentes viviendo la tragedia de la violencia.
La problemática es grave y compleja. El Estado mexicano está obligado a proteger a las niñas y garantizar que puedan vivir una niñez plena, con las herramientas suficientes para decidir sobre su futuro.
Por ello, es urgente que las estrategias que se lleven a cabo para erradicar el embarazo infantil y prevenir el embarazo adolescente continúen incorporando y vinculando acciones específicas por parte de los servicios públicos de salud, educación y justicia, poniendo en el centro la prevención, detección y tratamiento de la violencia de género y de la violencia sexual específicamente.
En materia de salud pública, las estrategias deben incorporar la disponibilidad y el acceso a servicios integrales que incluyan servicios de interrupción del embarazo por parte del personal de salud capacitado, protegiendo el interés superior de las menores y garantizando así el ejercicio pleno de los derechos humanos, que les permitan disfrutar del máximo nivel de salud física y mental, asegurando en todo momento la integridad, la dignidad, la autonomía y una vida libre de violencia.
En materia de educación pública es urgente la implementación de la Educación Integral de la Sexualidad, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para dotar a las niñas, niños y adolescentes de conocimientos basados en datos empíricos, habilidades y actitudes que los empoderen, libres de estereotipos, para disfrutar de su salud y dignidad; entablar relaciones sociales, afectivas y sexuales basadas en el respeto y la igualdad; analizar cómo sus decisiones afectan su propio bienestar y el de otras personas; y comprender cómo proteger sus derechos a lo largo de su vida y velar por ellos.
En materia de acceso a la justicia es indispensable contar con fiscalías altamente especializadas con personal suficiente y capacitado que pongan en marcha protocolos expeditos para asegurar la vida e integridad de las menores, abatiendo la revictimización y la impunidad.
Hoy desde Cancún, sumamos nuestra voz , como lo hacen simultáneamente en 30 ciudades del mundo, al reclamo e indignación de Lucía, Norma, Fátima y Susana, cuatro sobrevivientes de violencia sexual. Hoy, ellas y nosotras, exigimos justicia por la vida y el futuro de todas las niñas latinoamericanas.
Hoy en Cancún, México y en toda América Latina nos unimos para repudiar la violencia sexual, pero en especial contra las niñas, porque merecen soñar, vivir y tener un proyecto de vida, necesitamos que en cada rincón de esta ciudad y de este país se reconozca que: Son niñas, no madres!
