A principios de los años 90, cuando se anunciaron los «megaproyectos» Puerto Cancún y el hoy conocido como Malecón Tajamar, los grupos ambientalistas pidieron una moratoria en el desarrollo del destino.
«Hay que parar el desarrollo de Cancún unos años, hasta abatir el rezago social que es enorme», decía en ese entonces la presidenta del Grupo Ambientalista del Mayab (Gema), Aracely Domínguez Rodríguez, una de las protagonistas del movimiento que luego de más de un año de enfrentamientos legales logró que un juez federal suspenda en definitiva los permisos de construcción en Tajamar.
Se puede decir que la batalla por la defensa del manglar de Tajamar no se dio en el último año y medio. Data por lo menos desde 1992, hace 24 años que Aracely Dominguez hizo el planteamiento de la moratoria en el desarrollo de Cancún.
Sin embargo, fue en estos últimos 18 meses que los ciudadanos organizados demostraron una mayor fuerza, como nunca se había hecho evidente, para lograr un objetivo común.
Y no es una lucha cualquiera. Enfrente estuvieron, o todavía están, fuertes intereses políticos y económicos.
La pregunta es justamente si esas fuerzas económicas y políticas se quedarán de manos atadas, pues la resolución judicial implica que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) tenga que devolver millones de dólares a los inversionistas que adquirieron terrenos en Tajamar.
Y habrá que esperar también si el gobierno federal aplica algún tipo de «castigo» a Cancún, pues con el argumento de la devolución de esos millones de dólares puede dejar de invertir en el mantenimiento de la zona hotelera ante la necesidad de reajustar su presupuesto.
En ese caso, el ayuntamiento estaría en un problema mayúsculo, otro más.
Sin la moratoria planteada por Aracely Dominguez, tanto Puerto Cancún como Tajamar tienen por lo menos tres lustros de atraso, pero el rezago social no disminuyó. Al contrario, se exponenció al grado de que hoy el 30% de la población cancunense está en zonas marginadas.
La suspensión de Tajamar puede significar un alto que permita analizar y replantear el desarrollo futuro de la región, uno que tenga en su eje central el bienestar de las personas en un entorno ambiental equilibrado, sustentable, en el que se se castigue con fuerza la depredación que históricamente ha quedado impune.
En el caso Tajamar el reto no es solo la cobertura de la enorme deuda que se crea para Fonatur ante los desarrolladores.
Es el replanteamiento de qué se hará con esos terrenos que ya cuentan con infraestructura básica, definir qué se hará más allá de la restitución del mangle, cómo se financiará.
Y por otro lado, ese poder ciudadano que se demostró en el caso de Tajamar no debe ser flor de un día. Debe fortalecerse para defender los intereses de la comunidad en muchas otras áreas, pero de manera genuina, sin que se contamine con los propios intereses de sus líderes, como ha ocurrido otras veces.
Ojalá así sea.
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