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El Waterloo del #TrenMaya analiza @riclandero

El proyecto del Tren Maya pasará por cinco estados de la República, en su trayecto se atraviesan decenas de municipios, así como cientos de ejidos, comunidades indígenas, zonas ecológicas protegidas, así como zonas arqueológicas, muchas de ellas sin explorar.

Un proyecto similar en su planeación, pero mucho más pequeño, pues atraviesa tres estados de la República y la décima parte de municipios y ejidos, acaba de ser cancelado. Se trata del gasoducto de la ruta Tuxpan – Tula y Tuxpan – Villa de Reyes; La razón: conflictos con los estados, los municipios y los ejidos involucrados, multiplicidad de intereses y actores en conflicto. (Busquen la nota, pues los montos de inversión es de miles de millones de dólares – https://www.sdpnoticias.com/notas/2012/02/24/anuncia-transcanada-construccion-de-nuevo-gasoducto-en-mexico) y https://refor.ma/cagDds

Esto nos permite entender la pluralidad de intereses que convergen entorno a un proyecto de este tipo, algunos institucionalizados (estos se refieren a actores que tienen un derecho reconocido en la ley, que pueden ejercer para satisfacer un interés – económico o político -, mediante acciones legales concretas) y otros no institucionalizados. Paso entonces a enunciar algunos de los múltiples intereses que se aprecian en el Tren Maya, que serán el Waterloo del proyecto.

1.- Intereses institucionalizados.

A) Los derechos de los ejidatarios. A los que la ley agraria otorga acciones sobre cualquier acto de molestia sobre sus tierras. Cada metro que atraviese el #TrenMaya será motivo de negociación económica con cada ejido. Pero además, como la mayoría son tierra de uso común, será complicado su modificación legal, lo más seguro es que se tenga que expropiar tierra, lo que implicará trámites largos y muy peleados.

B) Los derechos de los pueblos originarios. Que la ley reconoce y que deberán ser consultados en cuanto al destino que se dará a sus tierras. La falta de atención a este derecho puede implicar la nulidad del proyecto o la obra. En el caso de los gasoductos de Tula pasaron dos años sin que se pudiera llevar a cabo la consulta (el sexenio dura 6 y los gobernadores también cambiarán).

C) Los derechos colectivos de las OSC en materia ambiental, cultural, social y de derechos humanos. Cientos de organizaciones locales, nacionales e internacionales tendrán la posibilidad de solicitar la intervención judicial para revisar la legalidad de la obra. Ya lo anunciaron, es lógico, pues estarán comprometidas muchas hectáreas de selva y fauna, los derechos de los pueblos originarios y en consecuencia se comprometen derechos humanos.

D) Los derechos a través de impuestos municipales y estatales. Muchos de estos municipios son pobres en la recaudación, además, la gama de actores políticos (distintos partidos) hará muy complicada la alineación de intereses. Ésta será una oportunidad para algunos de los presidentes y gobernadores de hacerse de recursos y no dejarán de reclamarlo.

Cada actor genera intereses, cada interés se ve reflejado en derechos, en tanto se determina o no su procedencia, su ejercicio puede llevar implícito acciones suspensivas, medidas precautorias, tramo a tramo el Tren Maya será una lucha constante.

Esta es la realidad a la que se enfrenta cualquier gran proyecto en México ¿cómo conciliar intereses legítimos, derechos y desarrollo?

En la próxima entrega hablaré de los intereses no institucionalizados, pero con poder real en la planeación del proyecto, me referiré a los sindicatos, los grupos empresariales locales, el crimen organizado, los líderes sociales, las trasnacionales, los políticos locales, los partidos políticos.

(PRIMERA PARTE)

** Maestro en derecho UNAM. [email protected]