Desde 2006 el Gobierno del Estado tiene atribuciones para aplicar la verificación vehicular asegura el Gobernador.
CHETUMAL, Quintana Roo, 30 de noviembre.— El gobernador Roberto Borge Angulo dijo hoy que, aunque desde 2006 los Estados tienen la facultad de cobrar verificaciones ambientales de vehículos y en Quintana Roo su aplicación se considera desde 2009, luego de una reforma a la Ley de Hacienda del Estado aprobada el 18 de diciembre de 2008 por la XII Legislatura, no sería sino a partir de 2012 que empezaría su aplicación.
Asimismo, recordó que el 4 de diciembre de 2010, en el marco de la COP-16, efectuada en Cancún, el Gobierno del Estado anunció que en 2011 emitiría un reglamento para obligar a los propietarios de automotores a cumplir las normas de verificación vehicular para reducir las emisiones de gases contaminantes.
—Javier Díaz Carvajal, quien entonces fungía como secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, aseguró que sería un reglamento para prevenir contaminación y proteger agua, cielo y tierra —explicó.
En esa ocasión manifestó que esa norma se aplicaría a partir del segundo semestre del presente año, inicialmente en los municipios con mayor parque vehicular, añadió el jefe del Ejecutivo.
El Gobernador comentó que desde entonces se dijo que el programa sería semejante al que se aplica en el Distrito Federal, sin incluir el “hoy no circula” porque en ninguno de los municipios de Quintana Roo se registran niveles tan altos de contaminación como en la capital del país.
—Como titular del Ejecutivo ayer envié al Congreso del Estado la Iniciativa de Decreto Mediante el cual se otorga Título de Concesión para el Establecimiento, Operación y Prestación del Servicio de Centros de Verificación Vehicular en el Estado, la cual fue turnada a las Comisiones de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria; Hacienda, Presupuesto y Cuenta; Asuntos Municipales y Medio Ambiente y Cambio Climático para su análisis y discusión —subrayó.
Borge Angulo destacó que con lo anterior se confirma no se trata de un cobro “sacado de la manga”, sino de un derecho que pudo aplicarse desde hace cinco años, adicional a la tenencia.
La iniciativa recibió amplio apoyo de los empresarios y grupos ambientalistas, tanto del norte como del Sur del Estado, que la consideran positiva.