Presentan iniciativa para penalizar operaciones con recursos de procedencia ilícita

Chetumal, Quintana Roo. – La Comisión Permanente de la XVI Legislatura dio entrada a 8 iniciativas de reformas a diversos ordenamientos, las cuales fueron turnadas a las comisiones ordinarias correspondientes para su debido estudio, análisis y posterior dictamen.

La sesión número 3, presidida por el diputado Luis Fernando Chávez Zepeda, se llevó a cabo con la presencia de los diputados Hernán Villatoro Barrios, Tepy Gutiérrez Valasis, Paula Pech Vázquez y Carlos Hernández Blanco.

La Comisión Permanente dio lectura a dos iniciativas ciudadanas, una presentada por los ciudadanos Jorge Yeladaqui Arceo y Alberto Villanueva Coral, para reformar los artículos 95 fracción I y 96 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado, y en su caso la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica de la Fiscalía General, ambas del Estado.

La segunda iniciativa ciudadana para reformar la Constitución local fue presentada por los ciudadanos Eusebio Azueta Villanueva, Eduardo Aguilar Barragán, Ramon García Hoy, Georgina del Socorro Marzuca Fuentes, Raúl Eliu Villanueva Arguelles, Eric Miravete Granja, Genny Monserrat Miravete Vega, Irvin Armando Cahuich Poot y Eduardo Antonio Aguilar Toraya.

En la misma sesión, también se turnó a comisiones una iniciativa para reformar el artículo 29 de la Ley de Derechos del Estado; una iniciativa para reformar el artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en materia de prohibición del uso de plástico; una iniciativa para adicionar unas disposiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como una iniciativa para adicionar un artículo al Código Penal del Estado de Quintana Roo y otra iniciativa para crear el tipo penal del delito denominado operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Finalmente, se envió a comisiones para su análisis, una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Quintana Roo, que busca crear la defensoría pública para la protección de los derechos políticos electorales.

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