Una federación para delinquir, escribe Julio César Silva desde el Palco

En la última década el término federación ha resultado ser un acuerdo más eficaz para el latrocinio que para consolidar acciones y programas de gobierno que mejoren el bienestar de la sociedad mexicana.

Durante ese período por lo menos 11 gobernadores, entre ellos el de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, que fueron considerados como parte de una “nueva generación de políticos”, se asociaron para financiar el proyecto presidencial de Enrique Peña Nieto.

A cambio de ello, el Presidente les dio licencia para actuar a sus anchas en sus estados, en lo que fue la consolidación del poder cuasi virreinal que habían adquirido los gobernadores, de todos los partidos políticos, durante los 12 años de panismo en el gobierno federal.

Sin el control presidencial, que siempre estuvo presente en la época hegemónica del PRI, los gobernadores asumieron el control total de sus estados y con ello con enfrentamos hoy al que quizá es el mayor escándalo de corrupción en la historia de México.

Al menos 17 gobernadores que ejercieron el cargo en los últimos 10 años están en fuga, encarcelados o investigados y, según datos proporcionados por autoridades y activistas anticorrupción entre 11 de ellos desparecieron más de $210 mil millones de pesos. Una cifra inimaginable. ¿cuántos montones de billetes serán?

La detención del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa en un lujoso hotel de Guatemala, es el episodio más reciente de una larga lista de funcionarios acusados de esquilmar al erario, trabajar para el narco, comprar ranchos en Texas o quedarse con terrenos de playa.

El presidente Peña Nieto ha sido inoperante ante el rosario de escándalos, porque él mismo se ha visto involucrado en ellos con casos como el de la “Casa Blanca”. No tiene ni la capacidad ni las herramientas para controlar a los gobernadores.

La corrupción de la última camada de ejecutivos estatales no tiene precedentes. Nunca antes en la historia del país habían podido documentarse desfalcos tan grandes en los gobiernos estatales.

Y nunca como antes las instituciones mexicanas se han visto tan expuestas, tan exhibidas por su inacción. Las detenciones de ex gobernadores las han hecho fuerzas extranjeras y las principales investigaciones en contra del clan Moreira o de Tomás Yarrington se han realizado en Estados Unidos.

Encarcelar a todos los ex gobernadores a quienes se les compruebe sus delitos seguramente no devolverá a los mexicanos lo que les robaron, pero puede ser un buen principio para combatir la impunidad.

Las nuevas leyes anticorrupción y los candados legales que se pusieron en operación este año en el ejercicio público no servirán de nada si la impunidad sigue siendo el manto protector de los virreyes en que se convirtieron los gobernadores.

Hay que devolverle al término federación su verdadero sentido. Que deje de ser el sinónimo de una corporación para delinquir.

 

Correo: jsilva@palcoquintanarroense.com

Twitter: @JulioCsarSilva | @PalcoQR

 

 

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