Los excesos del INE, escribe Julio César Silva desde el Palco
México está en la antesala de la prueba electoral más compleja de su historia por la dimensión de los cargos y elecciones locales simultáneas que habrá el próximo año bajo un esquema mixto de árbitros locales que coexisten con una autoridad electoral nacional, el INE.
En el 2018 tendremos en todo el país 3,327 cargos electivos en disputa: un presidente de República, 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gobernadores incluyendo jefe de Gobierno en la capital, 984 diputaciones locales; 1,598 ayuntamientos, 16 alcaldías de la nueva CDMX, 24 Juntas Municipales en Campeche y 67 síndicos en Chihuahua.
Y la prueba promete ser compleja no solo por el descomunal esfuerzo de coordinación y logística que impone, sino porque hasta el día de hoy no se ha reglamentado la reelección de los presidentes municipales y hay mucha confusión generada, incluso, por el INE, que asume funciones legislativas que no le corresponden e impone medidas que no establece ninguna disposición legal.
Cierto es que entre las facultades del INE está el atraer a su control procesos electorales locales o imponer medidas que normen el desarrollo de éstos. Sin embargo, un acuerdo emitido por el Consejo General la semana pasada muestra una extralimitación, no solo porque asume funciones legislativas, sino porque prácticamente adelanta los procesos electorales locales.
En los últimos años la legislación electoral prohibió que durante el período de campaña electoral los gobiernos difundan sus acciones y programas.
Si las impugnaciones al acuerdo del Consejo General del INE no tienen éxito, esas prohibiciones estarán vigentes a partir del 8 de septiembre próximo y al establecer que “ningún aspirante” a puestos de elección puede aparecer en spots de radio y televisión, inaugurar obras u organizar eventos masivos, amarra a los actuales presidentes municipales que buscarán la reelección el próximo año.
En automático ya considera «aspirantes» a los presidentes municipales en funciones, cuando faltan siete meses para la definición de candidatos en el caso de Quintana Roo y los condena a la inmovilidad, pues hasta una entrevista podría caer en una irregularidad según el mencionado acuerdo del INE.
La disposición afecta particularmente a los presidentes municipales de Quintana Roo que preparan su primer informe de gestión y desean hacerlo de tal manera que presuman sus logros, sus resultados, porque a final de cuentas el espíritu de la reelección es premiar a aquellas autoridades que lo hacen bien y castigar a quienes no funcionan.
Pero tal como están las disposiciones del INE, no podrán hacerlo, de modo que es muy probable que veamos informes en locales reducidos, como los salones de cabildo. Justamente el cuerdo del INE pega a ese espíritu de la reelección.
La disposición del INE se contrapone con disposiciones en materia electoral que permiten que las autoridades electas puedan difundir de manera personalizada sus acciones de gobierno una semana antes y otra después de la fecha de su informe.
Los partidos políticos tienen hasta este martes para interponer sus recursos de apelación y los funcionarios afectados con la medida pueden interponer también juicios para la protección de los derechos políticos de los ciudadanos.
Ya hemos visto cómo los gobiernos prácticamente se paralizan durante la campaña, para evitar el riesgo de cometer algún delito en materia electoral. Con la nueva medida extralegal del INE la paralización puede ser superior a los 10 meses, lo que sería muy grave para las comunidades quintanarroenses.
Es un error del INE poner en el paquete de la regulación de la elección federal a los procesos locales. Es una invasión a la autonomía de los estados y de las facultades de los órganos electorales locales que tienen sus propios tiempos marcados en su legislación particular.
Correo: jsilva@palcoquintanarroense.com
Twitter: @JulioCsarSilva | @PalcoQR