Carlos Águila Arreola
Cancún, viernes 1 de abril del 2022.- Con argumentos ilegales e injustificados, el Tribunal Colegiado de Circuito en el Trabajo y Administrativa quitó las suspensiones impuestas al Tren Maya, poniendo en riesgo la flora y fauna de Yucatán, pese a que hace un año confirmó la medida que paralizó las obras de los tramos uno, dos y tres.
Hace un año, el Juzgado Cuarto de Distrito desestimó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y las obras de esos tramos como parte de un amparo presentado por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal.
El martes 30 de marzo, el tribunal revirtió las suspensiones impuestas al proyecto, que protegían a la flora y fauna, con base en supuestos formalismos ilegales e injustificados, aun cuando ya las había confirmado.
En enero de 2021 la Asamblea de Defensores del Territorio Maya inició un juicio de amparo contra el Tren Maya por las violaciones al derecho al medio ambiente sano y a participar en las determinaciones que pueden afectar su territorio y recursos naturales como pueblo originario.
El 9 de marzo pasado, el Juzgado Cuarto de Distrito concedió la suspensión definitiva y ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por medio de la Dirección General de Impacto y Riesgo e Impacto Ambiental (DGIRA), dejar sin efectos la MIA-R y detener las obras.
Ambas resoluciones generaron una contradicción; entonces, Fonatur presentó una solicitud para aclararlas, y el pasado 25 de marzo decidió que, entre las dos resoluciones, debía subsistir la negativa de suspender el proyecto, con lo que dio luz verde para que las obras del Tren Maya continúen.
La resolución se da en un contexto de cuestionamientos sobre la viabilidad ambiental, social y económica del ferrocarril para los pueblos originarios de Yucatán. El tribunal cayó en una grave contradicción y deja en incertidumbre a los demandantes, que no saben si la medida de protección continúa o cesó.
Además, el Poder Judicial de la Federación es permisivo y aquiescente, pues sus resoluciones niegan las suspensiones del proyecto por meros formalismos, pese a las pruebas de la devastación de flora y fauna, así como de la integridad de los pueblos mayas en Yucatán.
“Quedan en evidencia aún más el autoritarismo para imponer el proyecto, se continúa la obstaculización de la defensa de derechos por intereses políticos sobre los territorios mayas, y quedan en riesgo y alta vulnerabilidad los defensores de derechos humanos”, ascusó por su parte la oenegé Indignación-
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