Un simulacro la conformación de la Reforma Electoral en Quintana Roo: Morena
En conferencia de prensa el líder del Movimiento de Regenación Nacional (Morena), José Luis Pech, dio a conocer su postura respecto a la Reforma Electoral que se discute en el Congreso del Estado, con la mayoría de las fuerzas políticas de Quintana Roo.
En un acto de aparente transparencia, desde el Congreso del Estado se orquesta un simulacro de participación de los partidos políticos para realizar modificacionesa la ley electoral de la entidad, manifestó.
Con poca anticipación y una convocatoria confusa, la decimoquinta legislatura invitó a líderes de los partidos y grupos parlamentarios a un encuentro para exponer puntos de vista sobre los trabajos de reforma electoral, que pretenden aprobar durante el periodo de sesiones que inicia en septiembre.
Morena es un partido diferente. Nos oponemos a ser parte de un montaje al estilo Televisa, con el que la partidocracia intenta distraer la atención de los asuntos prioritarios.
Haremos una breve síntesis, del problema que hoy lleva al Congreso local a proponer una reforma electoral.
El proceso electoral federal comienza el 8 de septiembre de 2017. De acuerdo al artículo 226 de la LEGIPE, las precampañas inician en la tercera semana de noviembre y no podrán durar más de 60 días; mientras que las campañas deben durar 90 días, concluyendo 3 días antes del 1 de julio.
El artículo 149 de la Ley Electoral de Quintana Roo, reformada el 11 de noviembre de 2015, establece el 15 de febrero como el inicio del proceso para renovar los 11 ayuntamientos del estado.
Hay que anotar que el artículo 304 determina que las precampañas serán a partir del 6 de marzo con una duración no mayor a las dos terceras partes de la campaña para el cargo respectivo (30 a 60 días, en caso de ayuntamientos, según el artículo 169 de la ley local).
Los partidos que aprobaron el pacto por México (PAN, PRI, PRD y el Verde), otorgaron atribuciones al INE para intervenir en los procesos electorales locales. Ahora, este instituto ha definido homologar los calendarios federal y locales para hacer efectiva la fiscalización de campañas y aplicación de los criterios que permitan la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
En este contexto, el Congreso local está convocando a los partidos y líderes parlamentarios a un debate sobre la homologación de estos calendarios. Es una pérdida de tiempo que no lleva ninguna parte, pues todo depende de lo que determine el propio INE antes del 8 de septiembre.
Lo que en realidad pretenden es alargar la duración de las campañas y favorecer a candidatos artificiales, con mucho dinero para comprar votos y conciencias, pero que carecen de reconocimiento y compromiso social. Más lamentable aún es observar a los propios diputados, con el presupuesto del Congreso local, realizar obras de beneficio social, olvidando que ellos están para legislar y no para repartir tinacos, con el fin de llegar a ser candidatos.
Mientras tanto, el Congreso sigue sin abordar la agenda de temas pendientes que dejó la reforma de 2014 y que son los siguientes:
Reelección de ayuntamientos y diputados. ¿A partir de qué fecha un alcalde debe separarse de sus obligaciones para buscar reelegirse?
¿No sería mejor tener reglas muy claras que eviten a las autoridades gubernamentales en funciones hacer mal uso de recursos públicos para promocionar su imagen personal?
¿Qué pasa con quien fue postulado por una coalición o en candidatura común, podrá reelegirse por cualquiera de los partidos que lo postularon o tendrá que ser por la misma coalición o candidatura común?
Si el candidato no es militante del partido político que lo postuló, ¿Podrá reelegirse siendo postulado por otro partido político?
¿Deberá reelegirse la misma planilla integra? ¿Qué pasa si un integrante de la planilla quiere continuar en el ayuntamiento pero en una posición diferente?
Los legisladores federales acordaron un artículo transitorio para postergar la reelección de diputados federales hasta 2021 y de senadores para 2024, con el fin de no beneficiarse con la reforma que ellos mismos aprobaron. ¿Harán lo mismo los actuales diputados locales antes de la elección de 2019?
¿Por qué no revisar las normas que permitan una integración verdaderamente ciudadana, honorable e imparcial de los órganos deliberativos del IEQROO?
¿Realmente se logró con la reforma de 2014 evitar que este órgano con autonomía constitucional dejara de ser rehén de alguna autoridad gubernamenta?
Si el Congreso local desea hacer reformas consensuadas a la ley electoral, deben crearse grupos de trabajo con los diferentes partidos políticos para que sesionen en privado y cuando ya se tengan acuerdos, hacerlos del conocimiento ciudadano para obtener opiniones de la sociedad y posteriormente pasarlos a votación. Pero si lo que quieren es hacer como que trabajan y salir en los medios de comunicación, entonces pueden seguir haciendo reuniones públicas monotemáticas que, como ya hemos dicho, no conducirán a nada.
Así también dio su postura, respecto a la Alerta de viaje para Quintana Roo, emitida por el Gobierno estadounidense por el incremento de la violencia en Cancún, Cozumel y la Riviera Maya.
Es lamentable que una situación como esa ocurra pues puede afectar la principal actividad económica de Quintana Roo. Ocurre por la inseguridad en que se encuentra el Estado.
Sin embargo, el problema de la inseguridad requiere atender simultáneamente los aspectos urgentes e importantes.
Urgentes: coordinación entre los niveles de gobierno para hacer efectiva la protección de los ciudadanos, depurar los cuerpos policíacos, establecer un sistema de seguridad social para los agentes del orden que les permita trabajar con la confianza de que su familia está debidamente protegida, dotar a los policías del equipo de alta tecnología y de ataque para poder enfrentar a los delincuentes, entre otras.
Importantes: ofrecer alternativas de estudio y de trabajo a la juventud quintanarroense para evitar su acercamiento a las bandas delincuenciale, establecer programas de integración familiar. Fiscalizar a fondo los recursos económicos usados durante las campañas políticas para evitar que dinero de la delincuencia sea usado con esos fines, entre otras.